El despido de un empleado público puede tener diferentes implicaciones dependiendo del régimen de contratación al que pertenezca. No es lo mismo para aquellos empleados que se encuentran en la planta permanente, en la planta transitoria o los contratados. En este artículo, vamos a enfocarnos en los empleados públicos contratados.
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El empleado público contratado
Imagínate esta situación: un médico trabajaba para PAMI y, de repente, su contrato llegó a su fin junto con el de otros compañeros. El motivo del despido fue la acusación de ser «ñoquis». Incluso se publicó una lista de los despedidos en los medios de comunicación. Ante esta situación, el médico decidió iniciar una demanda laboral y reclamar una indemnización por el daño a su honor.
Los jueces que llevaron el caso destacaron que el término «ñoqui» se utiliza para referirse a aquellos empleados, en su mayoría públicos, que cobran su salario sin trabajar. Esta expresión conlleva una connotación negativa al suponer que están siendo pagados sin hacer nada.
De este modo, los jueces consideraron que el daño al honor del trabajador, al haberlo calificado de «ñoqui» sin pruebas, debía ser reparado. Por lo tanto, el PAMI debía indemnizarlo no solo por el cese de la relación laboral, sino también por el daño al honor y las injurias publicadas.
En el caso de incumplimiento por parte de un trabajador contratado, la administración debería expresar al menos las razones fundamentadas por las cuales decide rescindir el contrato. Esta información permitiría al trabajador impugnar el acto si corresponde, o incluso iniciar una acción legal si considera que no ha incumplido sus tareas, las cuales deben ser evaluadas y auditadas.
Es importante tener en cuenta que los trabajadores contratados no gozan de estabilidad laboral, a menos que hayan trabajado durante muchos años en la administración pública. Según las reglas establecidas por la Corte Suprema en el caso «Ramos», en ese caso podrían tener derecho a una indemnización por despido y fraude laboral en la relación de empleo público. Sin embargo, probar la arbitrariedad en la no renovación del contrato puede ser complicado y las posibilidades de éxito son muy bajas.
Además, es ilegal que el empleador pregunte sobre la orientación política o la ideología del trabajador, ya que esto forma parte de su privacidad y no tiene nada que ver con la relación laboral.
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El empleado público de planta transitoria
En el caso de los empleados públicos que se encuentran en la planta transitoria, la disminución de su categoría laboral no les otorga derecho a indemnización. Esto es una facultad discrecional de la administración.
Sin embargo, cabe mencionar que hubo casos en los que trabajadoras demandaron a la ANSES para que se declare la inconstitucionalidad de las resoluciones que las rebajaron de categoría. Alegaron que habían desarrollado una carrera administrativa extensa y esforzada, llegando a ocupar cargos de jefes dentro de la organización. Argumentaron que la desafectación de sus cargos fue una decisión arbitraria y solicitaron el pago de los salarios que solían percibir.
Sin embargo, el tribunal rechazó su demanda, ya que consideró que la desafectación de sus cargos se enmarcaba en una potestad discrecional de la Administración y que no había existido un ejercicio abusivo de ese derecho. Además, se argumentó que la decisión se basaba en la necesidad de realizar cambios dentro de la administración pública, como cualquier empleador, y que no había sido tomada con una finalidad encubierta.
La medida cautelar para evitar el despido del empleado público
En ciertos casos, los tribunales pueden ordenar la reinstalación de un empleado público despedido como medida cautelar. Esto sucedió en un caso en el que una trabajadora fue despedida sorpresivamente del Senado. La jueza determinó que existía peligro en la demora del caso, ya que el salario es un tema vital y la trabajadora perdería su obra social. Además, consideró que el derecho de la trabajadora era verosímil, ya que se acreditó el despido a través de una carta documento.
La jueza ordenó la reinstalación de la trabajadora en su puesto y también dispuso que la sentencia se publicara en el Boletín Informativo del Senado.
Doble indemnización para el empleado público en fraude laboral
En otro caso, un empleado inició una demanda de despido contra el Gobierno porteño y denunció su situación bajo el régimen de contrataciones por tiempo determinado. La Justicia de la Ciudad hizo lugar a su pedido y ordenó el pago de una indemnización por «despido incausado», incrementada al doble por configurarse un «fraude laboral».
En este caso, el empleado relató que había ingresado en 2007 en la Dirección General de Limpieza del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad. El contrato que tenía era por tiempo determinado y se renovaba cada seis o doce meses. Sin embargo, el empleado afirmó que su trabajo no era temporario ni excepcional y que no debería haber sido contratado de esta manera.
Después de analizar las constancias del caso, el juez determinó que se había configurado una relación laboral fraudulenta y que el Gobierno porteño debía pagar una indemnización por despido incausado, aumentada al doble por el fraude laboral. También se ordenó el pago de sueldos atrasados, vacaciones proporcionales y preaviso.
En conclusión, el despido de un empleado público puede ser un proceso complejo y con diferentes implicaciones dependiendo del régimen de contratación al que pertenezcan. Es importante conocer los derechos y responsabilidades de los empleados y empleadores en cada caso particular. Si quieres obtener más información sobre este tema, te invito a visitar Una Planta.