El Juzgado Sexto de Distrito en Sinaloa ha dado su aprobación a la consulta indígena que se llevó a cabo para evaluar el proyecto de construcción de una planta de amoniaco en la bahía de Ohuira, en Topolobampo. Esta consulta contó con la participación de 15 comunidades indígenas del pueblo Mayo-Yoreme, y el resultado fue que 11 estuvieron a favor del proyecto, mientras que 4 se manifestaron en contra.
No obstante, las comunidades que mostraron su rechazo son aquellas que se encuentran en las inmediaciones de la bahía y que se verían más afectadas por la construcción de la planta, cuya producción diaria de amoniaco alcanzaría las 2,200 toneladas. Aunque la validación judicial de la consulta es un paso importante, no implica que el proceso legal haya llegado a su fin.
En los estrados del Juzgado Sexto de Distrito en Sinaloa se estableció que se da por cumplida la ejecutoria de amparo, y se ordena que las partes involucradas se manifiesten en un plazo de quince días sobre el cumplimiento de la misma. Sin embargo, si no lo hacen, se considerará que aceptan los términos establecidos.
Es importante recordar que la planta de amoniaco es un proyecto de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), subsidiaria de la firma alemana Proman, que también opera otra planta de producción de amoniaco en Trinidad y Tobago. El respaldo político del gobierno mexicano y estatal ha estado presente, a pesar de que en el pasado se otorgaron permisos de manera irregular, sin consultar a las comunidades indígenas.
Fue precisamente por esta razón que en abril de 2022 la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó que se realizara una consulta indígena. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas determinaron que esta consulta debía extenderse a 15 comunidades, aunque solo 5 de ellas se encuentran cerca de la bahía de Ohuira, donde se planea la construcción.
El caso llegó a la Corte debido a que las comunidades de Lázaro Cárdenas, Paredones y Ohuira presentaron amparos para impedir la construcción. Sus principales argumentos no pasaron desapercibidos: si se lleva a cabo, habrá un impacto en el ecosistema y, por ende, en las actividades religiosas del pueblo Mayo-Yoreme.
Especialistas del Instituto Politécnico Nacional y del Colegio de Sinaloa han señalado que la temperatura del agua en la bahía aumentará entre 1 y 3 grados, lo cual tendría efectos importantes en la fauna marina, de la cual dependen la mayoría de los habitantes de las comunidades cercanas, cuyas actividades se basan en la pesca y la artesanía.
Si bien el Juzgado Sexto de Distrito en Sinaloa ha validado la consulta indígena, aún falta que las comunidades opositoras se manifiesten en los tribunales y que la Suprema Corte de Justicia determine si se puede o no emitir un fallo a favor de Gas y Petroquímica de Occidente.
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